Los 100 millones de pesos adicionales autorizados para la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz están bajo cuestionamiento por parte de familiares de personas desaparecidas, quienes advierten que el recurso no ha sido suficiente para atender necesidades urgentes, especialmente en materia de identificación forense.
Lidia Lara, representante del Colectivo Justicia y Dignidad Veracruz, señaló que durante una reunión con la fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, se expuso que los recursos ya estaban comprometidos para cubrir obligaciones de la dependencia. Aunque se han realizado contrataciones y adquirido equipo, sostuvo que persiste el rezago que enfrentan las familias que buscan respuestas sobre sus seres queridos.
La ampliación presupuestal fue autorizada en septiembre, a propuesta de la gobernadora Rocío Nahle García. Entre los destinos previstos están cubrir plazas operativas y administrativas vacantes, capacitar al personal, fortalecer los laboratorios de Servicios Periciales y rehabilitar las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Álamo.
Sin embargo, para las familias buscadoras, el desafío no se limita a contar con más recursos, sino a que estos se traduzcan en avances concretos. La identificación de restos humanos y la atención a quienes esperan información sobre sus familiares siguen siendo demandas centrales para los colectivos.
El señalamiento vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de transparentar el uso del presupuesto y evaluar sus resultados. Para las familias, la medida de su eficacia no está únicamente en las contrataciones o el equipamiento, sino en la capacidad institucional para ofrecer respuestas.
